Google, multada con 900.000 euros por no cumplir la LOPD

La Agencia Española de Protección de Datos declara ilegales los tratamientos de datos que realiza

Se veía venir. La modificación de la política de privacidad por parte de Google en marzo de 2012 puso en alerta a las autoridades de protección de datos europeas que, con Francia a la cabeza, iniciaron una serie de investigaciones y procedimientos sancionadores por la incompatibilidad de esta política con la legislación europea en protección de datos. En este marco, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) anunció el pasado jueves 19 de diciembre una sanción de 900.000 euros al gigante norteamericano por tres infracciones graves de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD).

Con esta resolución, el director de la AEPD, José Luis Rodríguez Álvarez, ha puesto fin al procedimiento iniciado por la incompatibilidad de su política de privacidad y las condiciones de uno de sus servicios con la normativa española de protección de datos. Además de las tres sanciones de 300.000 euros, este organismo requirió a la compañía para que adopte sin dilación las medidas necesarias para cumplir con las exigencias, según informó la AEPD.

La investigación realizada por la Agencia ha puesto de manifiesto que Google “recoge y trata ilegítimamente información personal, tanto de los usuarios autenticados (dados de alta en sus servicios) como de los no autenticados, e incluso de quienes son meros ‘usuarios pasivos’ que no han solicitado sus servicios pero acceden a páginas que incluyen elementos gestionados por la compañía sin explicitarlo”.

En este sentido, la AEPD aprecia una vulneración grave del artículo 18 de la Constitución Española, que garantiza la protección de los datos personales, un derecho que está desarrollado en la propia LOPD. Según estas actuaciones de inspección, Google recopila información personal a través de casi un centenar de servicios y productos que ofrece en España, sin proporcionar en muchos casos una información adecuada sobre qué datos se recogen, para qué fines se utilizan y sin obtener un consentimiento válido de sus titulares.

Por ejemplo, la Agencia ha constatado que no se informa con claridad a los usuarios de Gmail de que se realiza un filtrado del contenido del correo y de los ficheros anexos para insertar publicidad. “Cuando se informa, se utiliza una terminología imprecisa, con expresiones genéricas y poco claras que impiden a los usuarios conocer el significado real de lo que se plantea. Es demostrativo que en ocho páginas Google emplea hasta en 30 ocasiones términos como ‘podremos’, ‘podrá’, ‘podrán’ o ‘es posible’. Todo ello, sumado a otras expresiones sumamente ambiguas como ‘mejorar la experiencia del usuario’, da lugar a una política de privacidad indeterminada y poco clara”, indica la Agencia. Asimismo, según la resolución, Google vulnera la prohibición de utilizar datos para fines distintos de aquellos para los que fueron recabados, algo que ocurre con la información obtenida a través de sus distintos servicios (desde el propio buscador hasta Youtube, por ejemplo) y que se utiliza para finalidades que no se determinan con claridad.

“Esta combinación de los datos (…) permite a Google enriquecer la información personal que almacena, excede ampliamente las expectativas razonables del usuario medio, que no es consciente del carácter masivo y transversal del tratamiento de sus datos. Al actuar así, Google se sirve de una tecnología sofisticada que sobrepasa la capacidad de la mayoría de los usuarios para tomar decisiones conscientes sobre el uso de su información personal por lo que, en la práctica, pierden el control sobre la misma”.Finalmente, la compañía norteamericana almacena y conserva datos personales por periodos de tiempo indeterminados o injustificados, contraviniendo con ello el mandato legal de proceder a su cancelación cuando dejan de ser necesarios para la finalidad que determinó su recogida.

Además, según la AEPD, Google obstaculiza -y en algunos casos impide- el ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. Los usuarios que deseen ejercer estos derechos se ven obligados a recorrer “un número indeterminado de páginas, dispersas en varios enlaces”. No en vano, la propia compañía reconoce que hay que ejecutar al menos siete procesos diferentes, reservándose incluso el derecho de no atender las solicitudes que supongan “un esfuerzo desproporcionado”.

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