Polémica por la cesión de datos de las teleoperadoras al Instituto Nacional de Estadística

conversia-ine-movilesPolémica en España por el nuevo estudio que realizará el Instituto Nacional de Estadística. En vez de contratar encuestadores, el INE quiere apostar por la tecnología y el big data y recurrir a los datos de localización de los móviles de los españoles para conocer información tan valiosa como donde viven, donde trabajan o cómo se mueven. Pero, ¿vulnera este estudio la privacidad de los ciudadanos? En este post de Conversia te lo explicamos.

Datos de desplazamientos de 8 días

El Instituto Nacional de Estadística (INE) ha pactado con las tres grandes operadoras de telefonía que trabajan en España utilizar los datos de localización de los móviles de los ciudadanos para conocer dónde vive, trabaja y cómo se mueve la población española. Durante cuatro días laborables, un domingo y tres días de vacaciones, el Instituto seguirá los movimientos de todos estos móviles. Los días escogidos son del lunes 18 al jueves 21 de noviembre, para determinar el flujo de desplazamientos de personas de una zona a otra, para estudiar o trabajar; el domingo 24 de noviembre, centrado en los desplazamientos en día festivo; el 25 de diciembre, para estudiar los desplazamientos por Navidad; y el 20 de julio y 15 de agosto de 2020, para estudiar los desplazamientos estacionales durante el verano.

El objetivo del INE, además de ahorrar costes, es recoger información para incorporarla a la que tiene sobre movilidad, que ofrece tradicionalmente en los Censos de Población y Viviendas. De este modo analizará los flujos de población, observará qué zonas están más pobladas en determinadas franjas horarias y verá cómo es el movimiento de los ciudadanos en fechas señaladas como Navidad o la operación salida de vacaciones. La iniciativa representa un estudio experimental pionero en Europa. Solo Holanda ha hecho algo similar, pero con un solo operador, hecho que representó menos población y menos cantidad de datos. En la actualidad en España existen 53,4 millones de líneas móviles repartidas entre los 46 millones de habitantes.

¿Cómo se realizará el estudio del INE?

El INE ha explicado que el rastreo de la ubicación se realizará de forma anónima, es decir, los datos conseguidos no serán asociados al número de teléfono, para no comprometer la privacidad de los usuarios y cumplir con la normativa en materia de protección de datos. Concretamente, serán las tres principales operadoras (Movistar, Orange y Vodafone) las que entregarán los datos de localización de forma anónima al Instituto, en forma de tablas agregadas de resultados. Para ello, se dividirá el territorio nacional en 3.500 celdas de 5.000 personas cada una.

Durante los cuatro días de noviembre, el INE tomará la posición de los móviles entre las 0h y las 6h, para conocer el lugar de residencia. Durante el día, entre las 9h y las 18h se analizará el flujo de personas, para ver de qué celda a qué celda van a trabajar o estudiar, con el objetivo de  detectar los desplazamientos cotidianos. Para calificarlo de destino cotidiano, el INE considera que el móvil tendrá que estar presente en la misma localización al menos cuatro horas en dos de los cuatro días.

El estudio servirá para determinar la cantidad de personas que residen en un sitio y se desplazan a trabajar a otro, qué ocurre en las zonas más despobladas, si hay territorios con más población los fines de semana que los días laborables, las reagrupaciones familiares en Navidad, el destino de vacaciones de los residentes en un determinado sitio, etc. Todos estos datos podrían utilizarse para mejorar los sistemas de transporte públicos en determinadas zonas, aumentar las infraestructuras o reclamar más fondos para sanidad o educación en sitios concretos.

¿Es legal la cesión de datos de las teleoperadoras al INE?

Este estudio ha generado un gran debate. ¿Es legal que las compañías telefónicas puedan ceder estos datos al INE?

El Artículo 25 de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales (LOPDGDD) regula el Tratamiento de datos en el ámbito de la función estadística pública. En su apartado 2 se establece que “la comunicación de los datos a los órganos competentes en materia estadística” se ampara en el artículo 6.1 e) del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) (UE 2016/679). Este artículo dice que el tratamiento “será lícito” si “es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento”.

Por lo tanto, el Instituto Nacional de Estadística estaría realizando una misión de interés público ya que es el órgano con competencias relacionadas con el ejercicio de la función estadística pública. Además, el Artículo 25 de la LOPDGDD remite también a la legislación específica, en este caso a la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función Estadística Pública. Según esta misma ley, el INE está obligado a proteger la confidencialidad de los datos que suministran los informantes.

Desde el INE aseguran que se está cumpliendo con toda la normativa y recuerdan que la información que manejan es completamente anónima y no está asociada a ningún usuario.

Por su parte, la AEPD no se ha manifestado, solamente ha emitido el siguiente mensaje en Twitter “La Agencia se ha dirigido al INE solicitando información sobre los protocolos establecidos con las operadoras para la utilización de los datos de los teléfonos móviles con el fin de conocer los desplazamientos de la población”.

Por otra parte, las principales asociaciones de consumidores han pedido prudencia ante la situación. Desde la OCU aclaran que la cesión de datos “en principio no es ilegal, aunque no cuente con el consentimiento (de los usuarios); el uso de los datos con finalidades estadísticas está regulado tanto en la ley como en el reglamento comunitario”.

Sin embargo, la polémica llega de la mano de los expertos. Mientras hay algunos que defienden que el estudio es legal, hay otros que mantienen que contraviene la Ley 25/2007 de Conservación de Datos Relativos a las Comunicaciones Electrónicas.

Cómo evitar que los operadores compartan los datos

El INE pagará cerca de medio millón de euros a las compañías para la cesión de estos datos. Concretamente, 163.000 euros a Luca Transit, una empresa perteneciente a la unidad de datos de Movistar; 185.000 euros a Flux Vision, la unidad de Big Data de Orange; y 150.000 euros a Vodafone Analytics.

Ante la polémica surgida, redes sociales y medios de comunicación se han apresurado a publicar maneras para evitar el rastreo de los móviles. El más sencillo: apagar el dispositivo o conectar el modo avión. El otro: prohibir a los operadores que utilicen los datos. En este caso, Vodafone es la compañía que lo pone más fácil, ya que es posible hacerlo desde su aplicación, gestionando los permisos de privacidad. Por su parte, los usuarios de Orange deben contactar con la compañía a través de correo postal o correo electrónico para revocar el permiso de utilizar los datos de uso de forma anónima.

Sin embargo, a fecha de publicación de este post, Movistar no ha facilitado ninguna manera para que sus usuarios puedan solicitar ser excluidos de este estudio. Según explica la compañía en un comunicado a través de Twitter, “los datos que forman parte de este proyecto son anonimizados y, por tanto, no sería aplicable la normativa de protección de datos, no siendo necesario el consentimiento del usuario para ello”.

 

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