España podría tener problemas por no cumplir la directiva de protección de datos

conversia-problemas-españa-incumplir-directiva-pixabay4056171España tiene problemas con la Comisión Europea por no cumplir con la obligación de incorporar la directiva en materia de protección de datos que garantiza la protección de aquellos datos que intercambian las fuerzas y cuerpos de seguridad a la hora de investigar, detectar y juzgar delitos en el ámbito de la Unión Europea. Sigue leyendo este post de Conversia para conocer todos los detalles de las sanciones a las que se podría someter España.

Un año y medio de retraso y sigue sin incorporarse

La Comisión Europea (CE) quiere que los Estados miembro cumplan con todas las obligaciones como, por ejemplo, la de incorporar leyes y directivas al ordenamiento jurídico nacional. En este sentido, España podría tener problemas por no haber incorporado la nueva directiva de protección de datos a la legislación española. Concretamente, el organismo ha propuesto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que imponga una multa de 5,29 millones de euros contra España por no incorporar la mencionada directiva.

Esta norma debería haberse incluido en el ordenamiento jurídico español en mayo de 2018, es decir, hace más de un año. Este retraso implicaría un notable impacto económico ya que, además de la sanción propuesta, la CE pide que también se multe con un importe de 89.548,2 euros por cada día de retraso que acumule España después del día en el que el TJUE dicte sentencia.

El Consejo y el Parlamento Europeo fijaron como fecha límite para incorporar la directiva el 6 de mayo de 2018. Como en julio del mismo año España aún no la había incorporado, se abrió un expediente al estado; medio año más tarde, en enero de 2019, España aún no había hecho los deberes, motivo por el cual el Ejecutivo comunitario le dio un ultimátum de dos meses para aplicarla, sin conseguir el resultado esperado.

Actualmente, España no es el único país con estos problemas. Grecia tampoco ha cumplido con la transposición y también ha sido denunciada por la Comisión. En el caso de la república helénica, el organismo europeo pide una sanción de 1,31 millones de euros y una multa diaria de 22.168,7 euros desde la fecha de la primera sentencia hasta que la cumpla.

Problemas por “obstaculizar el intercambio de datos”

Esta directiva hace referencia a la protección de datos personales a la hora de facilitar el intercambio de información entre las autoridades policiales y judiciales europeas para investigar y castigar delitos. Bruselas recuerda a España que la protección de datos personales constituye “un derecho fundamental” consagrado en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE y que la normativa europea tiene por objetivo garantizar que los datos personales de víctimas, testigos, sospechosos o autores de los delitos son “debidamente protegidos” durante las investigaciones penales y en los intercambios de información entre las fuerzas y cuerpos de seguridad competentes para prevenir, investigar, detectar y juzgar delitos.

Además, el Ejecutivo comunitario advierte de que la no transposición de las normas por parte de España puede conllevar problemas ya que “obstaculiza el intercambio de datos” con los países de la Unión Europea que sí cumplen las normas y lleva a un nivel de protección “diferente” de los derechos y libertades de los ciudadanos. También insiste en que una legislación más armonizada facilita la cooperación transfronteriza de las autoridades policiales y judiciales entre países para combatir de forma más eficaz la delincuencia y el terrorismo.

 

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